Escalante, siguiendo lo expuesto en La muerte tiene permiso, escribe en una editorial de La Razón:
Me pregunto quién es ese actor: ubicuo, heterogéneo, metido en pleitos de abogados, de taxistas o invasores de tierras, ese actor que amenaza, que cobra cuotas, que se exhibe en los juzgados lo mismo que en las carreteras… Y no veo —con frecuencia me pasa eso— a un “cártel de la droga”, sino a un actor social mucho más complejo y más familiar al mismo tiempo.
No me ando con rodeos: el reportaje de Arturo Cano me hace pensar en el extenso sistema de intermediación de que estaba hecho el PRI, cuando era el PRI. Un sistema de intermediación parasitario capaz de aprovechar las deficiencias de la ley y las del aparato de administración de justicia, la distancia entre el orden jurídico y el orden social, las deformidades del mercado laboral, del ordenamiento urbano; un sistema que servía para proteger a ambulantes, microbuseros, taxistas, colonos, y que servía también para extorsionar a empresarios, para reventar huelgas, hostigar a opositores, frenar invasiones de tierras… Son miles, y acaso cientos de miles de gentes que vivían de eso, de parasitar el orden formal. Ya no tienen protección oficial, ya no tienen garantías, y tienen que ganarse su espacio por sus propios medios: a balazos. Y al mismo tiempo, en la misma lógica, empiezan a buscar otras fuentes de ingreso, que antes estaban prohibidas.
Pensamos que iba a ser tan fácil hace diez años acabar con la corrupción.